¿El problema es sólo económico?

Escribe: José De Echave C.(*)

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A estas alturas medio país debe haber visto o escuchado los múltiples avisos del Instituto Libertad y Democracia (ILD) de Hernando de Soto, en diarios, televisión y radios:"El problema no es étnico es económico".

"Soy Bobbi, una indígena de Alaska. Gerencio una compañía de dos miltrescientos millones de dólares. Hasta conseguir derechos de propiedad paracontrolar nuestros recursos y empresas para organizarlos, nuestrascomunidades esquimales eran pobres".

"Soy Irene, una indígena Bora de la selva peruana. No tenemos propiedadsobre nuestros territorios ni podemos hacer empresas fácilmente. Somospobres".

El ILD ha presentado el estreno del documental: "El misterio del capital de los indígenas amazónicos". Con este material, De Soto y compañía proponen un debate sobre un tema que se ha venido analizando en el país, a raíz de los últimos conflictos que involucraron a comunidades campesinas y nativas.

Los anuncios del ILD han estado precedidos por presentaciones públicas del abogado Enrique Ghersi (ex congresista del Movimiento Libertad de Vargas Llosa y coautor del Otro Sendero, con De Soto y Mario Guibellini).

Ghersi ha planteado abiertamente que las comunidades deben tener el derecho de la propiedad superficial y del subsuelo y, al igual que por ejemplo un ciudadano texano, si mañana o pasado se encuentra petróleo en su propiedad, pues el verá con quién se asocia, a quién la vende, etc.

Resuelto el problema de propiedad del subsuelo -según Ghersi-, los conflictos desaparecerán casi por milagro.

Hasta aquí las coincidencias aparentes con las propuestas que, por ejemplo, tienen las propias organizaciones indígenas del país e incluso algunos organismos no gubernamentales. Sin embargo, no está demás precisar que la propuesta de Ghersi,

De Soto y el ILD, termina afirmando la idea fuerza del anuncio: "el problema no es étnico, es económico". El mensaje, además, es "la propiedad privada lo resuelve todo".

De Soto adorna esta idea con una suerte de generalidades que por supuesto difícilmente alguien podría estar en contra: “las comunidades no son piezas de museo”; las comunidades quieren desarrollo”; “quieren ser propietarios”; “quieren desarrollar experiencias empresariales exitosas”; etc.

Por supuesto que las comunidades necesitan y desean desarrollarse y nadie quiere que se los considere como piezas de museo. Eso no está en discusión. Sin embargo, la propuesta del ILD en realidad apunta a un escenario claro y abierto de desregulación; de acuerdo predominante entre privados; cuanto menos presencia del Estado será mejor, así se simplifican las cosas, etc.

Pero como saben que en el fondo la propiedad no resuelve el tema de las asimetrías, las cosas siempre terminarán siendo favorables para el actor más organizado; con mayores recursos y mayor capacidad de incidencia, etc. No estaría demás repasar las experiencias de parcelación de tierras que se han producido en la Costa peruana en las últimas décadas: el acceso a la pequeña propiedad individual no ha beneficiado necesariamente a los parceleros de la Costa y más bien terminó convirtiéndose en el escenario ideal para un proceso de concentración de tierras sin precedente; incluso mayor al escenario previo a la reforma agraria.

Esto no quiere decir que las cosas se tengan que quedar estáticas; se necesitan cambios urgentes; pero el tema no responde a la simplificación extrema que presenta el diagnóstico del Instituto Libertad y Democracia. Ni la realidad de las comunidades de Alaska, ni de las comunidades amazónicas del Perú, son como las presenta De Soto, que cede fácilmente a la tentación de establecer definiciones de categorías desde una visión profundamente occidental, que no reconoce diversidades, cosmovisiones, ni derechos, más allá del argumento económico.

En todo caso el debate está abierto y tiene varias aristas. Algunas consideraciones para comenzar a abordarlo (por supuesto no son las únicas y hay muchas más):- Es evidente que el problema no es únicamente económico. También es social, cultural, ambiental, etc. Puesto de otra manera, es un tema de derechos; de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

¿Acaso algunas empresas mineras y de hidrocarburos, no se han dado cuenta, hace bastante tiempo, que el problema no es exclusivamente económico? ¿Ya no superaron esa etapa? ¿No es esa la experiencia de Antamina, y Tintaya en el Perú y muchas más? ¿La propuesta del ILD no plantea acaso un serio retroceso conceptual que puede tener efectos contrarios, precisamente, a la agenda de desarrollo y de derechos en el país?

Al margen del debate sobre la propiedad del subsuelo, no se puede perder de vista el carácter integral de la problemática: ¿cómo queda por ejemplo la agenda ambiental en la propuesta de De Soto? ¿Cómo queda la necesidad de planificar el uso sostenible del territorio y los recursos? ¿La necesidad de enfrentar los retos del cambio climático, etc.? ¿Cómo la sociedad y el país entero, avanza en función de objetivos nacionales de desarrollo?

En todo caso estos temas ya están colocados para una discusión que está abierta y que sin duda va a marcar el próximo período, incluido el debate en la campaña electoral. No está demás señalar que el mérito no es necesariamente del Instituto Libertad y Democracia: hace bastante tiempo lo habían colocado las comunidades y sus organizaciones representativas, AIDESEP, CONACAMI y muchas otras más, tan denostadas y desatendidas por los que ahora le rinden pleitesía a De Soto.

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* Doctor en Economía por la Universidad de Paris, Sorbonne Nouvelle. Ha sido consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la elaboración del estudio Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en el Sector Minero en el Perú y coresponsable de la investigación sobre Minería y Comunidades: Manejo de Recursos Naturales y Pobreza para la Universidad de Massachussets y el Political Economy Research Institute (EEUU). Actualmente es responsable del Programa Minería y Comunidades de la institución peruana CooperAccion.