martes, agosto 12, 2008

Criminalización de la Protesta

Escribe: Yomar Melendez Rosas
Abogado
Vicepresidente Nacional Movimiento Nueva Izquierda
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Un peligro para nuestros pueblos recorre distintos paí­ses de América Latina: es la criminalización de la protesta. Desde República Dominicana hasta el Brasil, pasando por México, Argentina, Chile, Colombia y, por supuesto, el Perú, se refuerzan las instituciones represivas y se modifican un conjunto de normas penales con la finalidad de controlar el descontento social.
A contracorriente de lo señalado por los ideólogos neoliberales el Estado no se debilita, por el contrario se fortalecen sus funciones coercitivas, afirmándose cada vez más los perfiles autoritarios. El polí­tico y antropólogo mexicano, Gilberto López y Rivas, ha señalado con razón que a mayor conciencia y conflicto sociales, mayor violación de los derechos humanos y deterioro del estado de derecho.
Mediante la criminalización de la protesta se judicializan los conflictos sociales y se renuncia al diálogo como instrumento de la política. La disputa se traslada al escenario judicial encarcelándose a los líderes de los movimientos sociales que deben dedicar parte importante de su tiempo a defenderse de acusaciones muchas veces infundadas.
No es redundante precisar que los afectados son casi siempre integrantes del movimiento sindical, campesino, indígena, militantes de organizaciones políticas que luchan por el cambio, defensores del medio ambiente y activistas de derechos humanos.
La CIDH ha establecido que la criminalización de la legí­tima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión. Y no podrá ser de otra manera puesto que la protesta social es la expresión del descontento ciudadano frente a decisiones en las que no han estado involucrados y/o los desfavorecen o perjudican.
En el Perú el proceso de criminalización no es reciente. La dictadura de Fujimori inició el camino, usando como pretexto la lucha contra el terrorismo agravado. Lo extraño es que el gobierno democrático de Alejandro Toledo endureció esta polí­tica como una forma de responder a las masivas exigencias sociales que demandaban paralizar las privatizaciones o acabar con la corrupción de las autoridades locales o regionales.
Sin embargo, con la administración aprista el asunto adquiere ribetes preocupantes. En julio del 2007 se aprueban un conjunto de decretos legislativos que afectan severamente derechos fundamentales; además, otras normas que les dan mayor poder y protección a las Fuerzas Armadas. Eso sin considerar el permanente lenguaje agresivo y confrontacional del Presidente de la República ni la impunidad que rodea a la muerte de más de veinte manifestantes.
Nadie puede negar, por tanto, que hoy en el Perú la criminalización de la protesta social no es un fantasma amenazante sino más bien una lacerante realidad.

1 Comentarios:

A la/s 11:59 a. m., Anonymous Sofía Malatesta dijo...

Queridos amigos estudiantes. Es necesario reducir la desigualdad de las universidades peruanas con profesores de calidad. Este es el pleito que se deben comprar los jóvenes. He escuchado el caso de cómo la San Martín y la ricardo Palma, teniendo mala fama están subiendo sus bonos con profesores de gran calidad. Por ejemplo en la Universidad Ricardo Palma se han jalado al decano del CIP Juan Fernán Muñoz y al Ing. Juan Sheput que es un gran profesor y de esa manera compiten y mejoran su nivel. ¿Qué estamos haciendo los jóvenes para exigir también profesores de gran calidad? les sugiero hagan ese debate los jóvenes se los agradeceremos.

 

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