El caso APRODEH

Escribe:

Nelson Manrique

Analista político

Diario Perú 21

El alboroto provocado por la carta enviada por la Asociación Pro Derechos Humanos, Aprodeh, a europarlamentarios, respondiendo a una consulta que estos hicieron sobre la situación del MRTA ("berrinche político multicolor" lo llama Juan Paredes Castro en El Comercio), es hondamente expresivo del clima político que empieza a instalarse en el país.
El Apra y el fujimorismo han iniciado una campaña de desprestigio contra Aprodeh y su secretario general, Francisco Soberón, acusándolos de cómplices del MRTA. El presidente Alan García ha hablado de "traición a la Patria" y el secretario ejecutivo de la APCI, Agustín Haya de la Torre, ha emplazado a Aprodeh para que explique qué fondos ha usado "para intermediar por el MRTA". Aprodeh ha rechazado su insinuación y precisado que el presupuesto usado asciende al costo del fax enviado a los europarlamentarios.
¿Sostuvo Aprodeh algo cuestionable? Veamos. La carta empieza subrayando que Aprodeh "ha tenido desde los inicios del período de la violencia política, una clara posición de rechazo y condena a los actos de terror de los grupos como SL y el MRTA". Añade a continuación que "desde hace más de 8 años no se conocen actividades del MRTA, sus principales dirigentes están en prisión, algunos cumplieron sus penas y decenas se encuentran desvinculados viviendo en muchos lugares del mundo". Opina, finalmente, que sobredimensionar la existencia y actividad de un grupo como el MRTA, "puede servir para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente del delito de terrorismo". ¿Justifica esta carta la campaña que García y sus secretarios están armando?
La preocupación de Aprodeh es comprensible. El grupo de jóvenes detenidos por asistir a un evento público de la Coordinadora Bolivariana en Quito siguen en prisión. Para justificar su abusiva detención se ha sugerido una presunta relación con el MRTA. En tanto no se presenten pruebas de que están comprometidos en actividades terroristas, este es un condenable abuso de poder. Se está criminalizando una opción política personal que la Constitución ampara. El MRTA cometió crímenes verdaderamente repudiables. Pero no hay ninguna acción que permita suponer que esta organización constituye hoy una amenaza para el país: sus dirigentes están en prisión, han reconocido que se equivocaron y han pedido perdón a sus víctimas y al país por el dolor que causaron. El peligro está en otra parte: en el tono fascistoide que empieza a impregnar la acción del Apra y sus aliados, que pretende acallar las protestas de quienes discrepan de un modelo de crecimiento cuya implementación insulta la dignidad de los peruanos.