El genocidio indígena de Fujimori

La "solución final" del ex presidente peruano

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Alberto Fujimori, el Dr. Mengele japonés, ejecutó un plan siniestro en el Perú para esterilizar, de forma masiva, a cerca de un millón de mujeres indígenas del Perú. Pretendía, con el control demográfico, bajar los índices de pobreza. El año 2000, tras escándalos de corrupción e investigaciones judiciales por violaciones de derechos humanos, Fujimori huyó del país refugiándose en su natal Japón. Quien fuera Presidente del Perú entre 1990 y 2000, hoy se encuentra detenido en Chile. Mapuches exigen su extradición y encarcelamiento en Perú (Foto de EMOL).

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Por Sumac SONQO*

Azkintuwe Noticias / Martes 8 de noviembre de 2005

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GULUMAPU / En los pueblos indígenas de la sierra peruana, la visita de un médico produce el mismo efecto que si llegase el presidente o un cardenal. Los hombres se descubren ante la eminencia. Las mujeres bajan la mirada y se sonrojan. Los niños, atemorizados, corren a refugiarse en las faldas de sus mamás. Conscientes del recelo que suscitan los médicos, con su jerga y el brillo pérfido de sus instrumentos, los voluntarios del centro comunal de Calca apenas prestaron atención cuando las mujeres comenzaron a quejarse de que, después del último tratamiento, se les había alterado la menstruación o que, sencillamente, ya no sangraban.

Que aguardaran unos días, les dijeron. Y con un guiño de picardía: ¿No sería que estaban embarazadas? Pero las mujeres de Calca no se habían quedado preñadas ni volverían a estarlo: sin su conocimiento, los doctores las habían dejado estériles. Ya ni volverían a procrear nunca más. La invalidez que se les infligió a aquellas mujeres indígenas serranas no era consecuencia de un descuido. Según se ha revelado, en los años de su mandato, entre 1996 y 2000, Alberto Fujimori -emulando las siniestras prácticas del nazi doctor Joseph Mengele- instauró un plan macabro para frenar el crecimiento demográfico en las regiones más pobres de Perú. Exterminar a los indígenas en los vientres maternos.

Nunca se sabrá si fueron millón o más de mujeres indígenas que fueron víctimas de lo que cabría describir, de acuerdo con los códigos internacionales sobre Derechos Humanos, como un auténtico genocidio. De ser así, el ex presidente Fujimori, que se encuentra detenido en Chile, sería justo que sea llevado a la Corte Penal de La Haya para afrontar los mismos cargos a los que en su hora se enfrentaron los asesinos del régimen nazi.

Fue el peruano Fernando Carbone, ex -ministro de Salud, quien hizo público un informe que parece inspirado en una de esas películas de horror, en que el villano concibe un plan demencial para crear un mundo a su antojo: entre los años 1996 y 2000, Alberto Fujimori había lanzado una campaña de esterilizaciones masivas, cuya sola mención provoca escalofríos. Sin embargo Fujimori a sus hijas no las incluyó dentro de sus planes macabros de las esterilizaciones masivas de las mujeres indígenas peruanas.

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Voluntarias a la fuerza

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El llamado plan de Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias (AQV) se aplicó sobre todo en varios departamentos y en algunas barriadas pobres de Lima. Según consta en la denuncia que hizo el ex -ministro Carbone, el elemento de «voluntarismo» en las siglas del programa fueron de una hipocresía sin límites, ya que las víctimas -en su mayoría mujeres humildes- fueron llevadas a los quirófanos como ovejas al matadero, sin saber lo que les esperaba aunque, en muchos casos, intuyendo lo peor. La campaña incluyó también la vasectomía para los varones, aunque a una escala mucho menor y sin tanto engaño. Anticipando que las mujeres no se prestarían gustosamente a que les ataran las trompas de Falopio -un procedimiento quirúrgico que recibe el nombre de "ligadura"-, los responsables del plan idearon una serie de recursos que incluían insultos, sobornos y amenazas.

¿Con qué derecho Fujimori y sus secuaces decretaron esterilizar masivamente como a ovejas a las mujeres indígenas pobres? ¿Dioses o demonios? Para Vicentina Usca, campesina de 37 años de San Martín, la pesadilla comenzó a mediados de los 90, cuando unos funcionarios golpearon la puerta de su casa. «Fui presionada a ligarme las trompas, bajo la amenaza de no recibir la partida de nacimiento de mi hijita de seis años», contó la cuzqueña a los periodistas que la visitaron. «La enfermera me dijo que mi esposo había dado su aprobación (lo cual fue probado como falso), que él estaba de acuerdo con todo», relató.

Cuando Vicentina insistió en hablar con su marido para averiguar cómo pudo consentir una intervención de esa índole sin consultar a su esposa, la enfermera se salió de sus casillas. «Se puso furiosa y me gritó que las cosas debían hacerse en el acto. Que mi esposo había dicho que me ligara las trompas, que de otra forma se iba a fastidiar», señala. Las evidencias recogidas por Fernando Carbone no sólo responsabilizan a Alberto Fujimori sino también a tres de los ex-ministros de Salud que sirvieron bajo su mandato y a más de un centenar de funcionarios. En los 56 documentos en que se apoya la acusación se puede constatar que los ex-ministros Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong Matta controlaban a los médicos en el terreno, asegurándose de que cumplieran con las cuotas fijadas desde Lima.

Pronto los gráficos comenzaron a mostrar unos niveles de eficiencia que superaron todas las expectativas. De acuerdo con las cifras que maneja el actual Ministerio de Sanidad, en 1993 se practicaron 19.261 ligaduras y 906 vasectomías. En 1994, 28.251 ligaduras y 468 vasctomías, y en 1995, 32.883 ligaduras y 1.424 vasectomías y así fueron incrementándose hasta pasar más de 1 millón. Por ejemplo, la participación -si bien tangencial- de ciertos grupos de ayuda humanitaria dentro de un proyecto que constituyó un atropello feroz a la dignidad humana. En los documentos que obran en poder de Héctor Chávez, jefe de la comisión, se señala a la Agencia de Cooperación para el Desarrollo (mejor conocida por las siglas inglesas de AID), a otra entidad cuyas iniciales corresponden a AVCS y a la Nippon Foundation como a factores que habrían actuado -aunque de buena fe- dentro de los macabros designios de Fujimori.

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Otra vez Montesinos

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Hay quienes atribuyen su autoría a Vladimiro Montesinos, asesor de Fujimori y su alter ego cuando se trataba de concebir o ejecutar maquinaciones siniestras contra sectores determinados de la población. Pero Luis Alberto Zavala, profesor de la Universidad de Stanford y experto en aquel teatro de sombras chinescas que constituía el régimen fujimorista, señala que detrás de la aplicación de las Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias (AQV) había un razonamiento frío, ajeno a la mentalidad criolla de Montesinos.

Zavala dice que entre las lecturas favoritas del dictador peruano, figuraba el Análisis del Desarrollo Económico y del Crecimiento Demográfico en los Países de la Cuenca del Mediterráneo, por Douglas Spencer. A diferencia de la longitud del título, la idea que trasciende de este tratado se puede comprimir en pocas palabras: los países que consiguen estabilizar su crecimiento demográfico en una tasa del 0,5% al 1% fácilmente multiplican sus índices de crecimiento económico. Al parecer, este axioma quedó grabado a fuego en la mente de Alberto Fujimori, pues en los primeros años de su mandato no perdía ocasión de hablar sobre lo que él llamaba «la bomba demográfica».

Otro legajo de los que ha ido recopilando el congresista Héctor Chávez apunta en dirección al Ejército del Perú. Se trata de los oficios enviados por el cuerpo médico al general de brigada Nazario Mercado Zedano. En ellos se solicita al responsable de la Casa Militar que aporte material médico para el desarrollo del Programa de Planificación Familiar, un eufemismo tras el cual se encubría la horripilante naturaleza del proyecto. En verdad, para muchos efectos el AQV se desarrollaba como una auténtica operación militar.

«A cinco localidades de la ceja de la Selva (el límite entre la sierra y la Amazonía), los equipos médicos llegaron en vehículos militares. En las escuelas u otros edificios públicos se instalaban mesas-camilla y biombos para el reconocimiento de las pacientes. Al término de la jornada, se levantaba el campamento y se viajaba al siguiente destino», señala el informe. Al parecer, los militares no estaban enterados a fondo del plan. Tampoco lo estaba el 90% de las mujeres indígenas intervenidas. Muchas de las supervivientes de la campaña de AQV quedaron incapacitadas. Odilio Jiménez, obrero de un barrio marginal de Lima, declaró que su mujer «está casi inválida y no puede realizar ninguna tarea que demande esfuerzo físico». Relató que su esposa fue sometida a la ligadura de trompas en el hospital Carrión, de Lima. «Desde que salió sufre todo el tiempo de hemorragias. Antes tenía a una compañera sana que me acompañaba en todos los trabajos. Ahora esa misma mujer debe permanecer casi todo el tiempo en la cama», indicó.

En un país como el Perú cuya densidad poblacional es de 20 personas / km2 comparada con la europea 213 personas / km2, Asia 422 personas / km2, Latinoamérica 55 personas / km2. Fue prácticamente un crimen la política de esterilizaciones. En vez de solucionar la pobreza con la industrialización, la agroindustria, la agricultura y la ganadería a gran escala del Perú, Fujimori se dedicó a esterilizar mujeres y varones indígenas contribuyendo al despoblamiento del Perú. Y entregando los recursos naturales, asentada en las poblaciones indígenas, para ser explotada por las empresas extranjeras exonerándoles de impuestos.

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Indígenas exigen extradición

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Detenido en Santiago de Chile desde la madrugada del pasado lunes, Alberto Fujimori hoy espera la determinación de la justicia chilena, quedando en suspenso si será o no extraditado finalmente al país que gobernó con mano de hierro y donde más de 40 querellas judiciales lo esperan, entre ellas, varias por cargos de "homicidio calificado". Y es que la justicia tarda pero no olvida. Fujimori tendrá que hacer frente además a este cargo de "genocidio de población indígena", que se suma a su complicidad en matanzas de guerrilleros, asesinatos de opositores políticos, corrupción y delitos menores como malversación de fondos fiscales.

El genocidio vía las esterilizaciones masivas de mujeres indígenas, en su mayoría ejecutados durante la administración de Fujimori, es uno de los mayores crímenes que ningún mandatario de Latinoamérica se atrevió a realizar jamás. Una práctica en contra de la libertad, dignidad y derecho de las mujeres indígenas a concebir. Y que debe ser llevado a la Corte Internacional de la Haya, tal como terminó su emulo nazi el Dr. Mengele. En Chile, esta es la opinión de dirigentes indígenas que exigen al gobierno el cumplimiento de los tratados de derechos humanos existentes y, por tanto, la entrega de Fujimori a los tribunales de justicia del Perú.

El Consejo de Todas las Tierras, organización del Pueblo Mapuche, ha emitido una declaración pública en la que exhorta a las autoridades chilenas "a explorar todas las vías necesarias para cumplir con la extradición". "Cabe recordar que la Comisión Verdad y Reconciliación que tuvo por objeto esclarecer los hechos durante el conflicto interno en Perú verificó que se cometieron 69.280 hechos de violaciones a los derechos humanos de los cuales 75% pertenecen a los Pueblos Indígenas Quechua y Ashaninka", señalan en el texto de la declaración.

"Recordamos al gobierno de Chile que por sobre cualquier situación política debe prevalecer un compromiso permanente e internacional con los derechos humanos y particularmente con los crímenes de Lesa Humanidad que deben ser sancionados por los tribunales del país y/o por tribunales internacionales que han establecido la comunidad internacional... Chile no puede ser refugio de personas y organizaciones perseguidas internacionalmente por delito de Lesa Humanidad", agregaron los dirigentes mapuches.

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* Especial para Azkintuwe