Tenemos Democracia o sólo “Damos-gracia”

Hablar de democracia en nuestro país se ha vuelto un tema sumamente trillado cuando está en boca de quienes nunca la han usado y quizá no la piensen usar jamás. Aquí por supuesto me refiero a los “dirigentes” de una casta gerontocrática que ha venido gobernando desde hace ya varios años nuestra patria. Cómo no recordar una frase tan bien ubicada en este contexto como: “la democracia para los partidos políticos (aquí también encajan movimientos, gremios, sindicatos, federaciones, etc.) es tan sólo un producto de exportación mas no de consumo interno”.
Es importante, antes de seguir discutiendo sobre la democracia, que podamos tener un mínimo de consenso sobre lo que implica dicho término, no desde un punto de vista etimológico, sino en lo amplio de su concepto. Para ello, me permito establecer tres niveles que nos pueden ayudar a entender la dimensión del concepto de democracia. Estos niveles son: el formal, el estructural y el ético moral.
Empezaré señalando que, dentro del nivel formal, cuando hablamos de un gobierno democrático no podemos reducirlo tan sólo a la circunstancia de haber sido “elegido” a través de elecciones “libres”. Sin duda, debemos ir más allá, pues dichas elecciones deben ser transparentes, periódicas, con diferentes opciones (esta diferencia no sólo debe de ser de nombres y “marcas” sino también de propuestas), los votantes deben estar debidamente informados (con la verdad) sobre lo que irán a elegir, y para ello, el Estado tiene como deber el educar (por lo menos el alfabetizar) a la población para que pueda procesar las propuestas que le ofrecen. Sólo con estas mínimas condiciones podremos estar hablando de una verdadera libertad y de una verdadera elección.
Por otro lado, como ya lo he indicado en diversas oportunidades, el concepto de democracia no debe ser entendido únicamente como elecciones, sino que, principalmente, entrando al nivel estructural de dicho término, debe implicar que el país en cuestión posea una constitución, carta magna o por lo menos una declaración que exprese el consenso de sus ciudadanos en la construcción de una sociedad común. Asimismo, dicha Nación debe constituirse, respetando la noción de Estado, en poderes separados (ejecutivo, legislativo y judicial) que permitan el buen manejo del poder que el pueblo está delegando en sus representantes, quienes a su vez se comprometen a respetar el “contrato social” que ha dado vida a dicho país.
Del mismo modo, ese Estado debe contar con mecanismos de control, tanto gubernamentales como sociales, que permitan que los objetivos por los cuales ha sido elegido un partido para gobernar, no sean dejados de lado. Ello implica que existan, y sean respetados, diferentes niveles de libre participación, los que estén basados en normas previamente establecidas (Estado de derecho), las cuales se encuentren enmarcadas en el respeto, como mínimo, de los derechos fundamentales de la persona (vida, debido proceso, recurso efectivo, libertad de expresión, igualdad ante la ley, etc.). Para que esto ocurra, la responsabilidad del control, tanto estatal como social, debe descansar en instituciones y organizaciones reales, funcionales y sostenibles en el tiempo (Ejemplos de control estatal: Defensoría del Pueblo, Contraloría General, Tribunal Constitucional, etc. En lo que se refiere a control social: Partidos Políticos, Organizaciones no Gubernamentales, Gremios, Federaciones, Colegios profesionales, etc.).
En el nivel “ético moral”, podemos ubicar al sentido que debe sustentar dicho concepto. Aquí encontramos lo que comúnmente conocemos como “el bien común”, es decir, el “para qué somos democráticos”. Por supuesto que un país elige ser democrático para lograr el bienestar de todos, mediante el respeto y la alternancia. Ello es perfectamente lógico, pues ¿de qué valdría todo lo anteriormente descrito si el ciudadano no ve materializado ese bienestar?. Es que se puede cumplir con las formas y tener una estructura adecuada que sustente un concepto, pero si ello no produce un resultado favorable, deja de tener validez.
Aquí es también importante señalar que con lo descrito hasta ahora no se busca llegar a la conclusión que la democracia no es viable ni buena, sino todo lo contrario, que es viable y debemos lograr que sea buena.
Por lo tanto, si nuestra meta, al defender un sistema democrático, es el bienestar social general, debemos partir de la buena fe de todos los actores que hacen posible dicho sistema. Aquí podemos tener algunas conclusiones: “no tiene espíritu democrático real aquel que engaña, roba o hace daño a la sociedad, pues no trabaja en beneficio de ella”, “no es democrático un gobierno corrupto”, “democracia no significa tan sólo que exista una elección”, “libertad no equivale a falta de control” “delegación del Poder del pueblo hacia un gobierno no es sinónimo de “carta blanca”.
Por otro lado, también debemos señalar que parte de la democracia es la alternancia y la renovación. Ello implica que reconozcamos que uno de los principales actores en la construcción de un Estado democrático es la institucionalidad y no el “mesianismo político”. En más de 184 años de República, hemos pasado de depender de la corona española y de un Virrey a depender de un caudillo o “líder”, en el cual depositamos toda nuestra confianza, año tras año, sin éxito alguno. No hemos apostado a la construcción de una Nación ni hemos trabajado para consolidar instituciones que sean las encargadas de diseñar planes a corto, mediano y largo plazo, y a las cuales poderles otorgar nuestro apoyo con la certeza de no ser engañándoos ni timados, con promesas meramente electorales, que nacen previos a la convocatoria de elecciones y mueren segundos después de realizadas éstas.
Por ello es que una figura como la “reelección” es aceptada y permitida por nuestra sociedad, en la creencia de que, la única forma de trasladar experiencias no es a través de instituciones, sino de quedarse en el cargo perennemente. Ese mismo discurso es el que utilizan los gobernantes (presidentes, congresistas, representantes de gremios y federaciones, rectores, etc.) para no alternar el poder. “Es que YO lo hice bien”, “YO tengo experiencia y debo quedarme”, “sólo YO se qué hacer”, “sin mí el Perú no avanza”, “En mí está la solución de todo, en nadie más”, etc., son algunas frases que podemos escuchar cuando de sustentar la “reelección” se trata. Entonces, ¿dónde queda una institución como el partido político?. Si un gobierno de un partido X ha realizado una buena gestión, ¿acaso debemos creer que obedece tan sólo a una persona?, ¿no podríamos pensar mejor que es el resultado de un equipo de gobierno y de instituciones sólidas?. Si alguien, durante su gestión, tiene éxito, las experiencias que ha ganado en el tiempo que estuvo al frente de dicho cargo pueden ser debidamente muy bien canalizadas por medio de su partido. Los votantes en dicho caso sabrán reconocer a la institución por dicho logro, dejando la posibilidad que sea esa misma organización la encargada de una nueva gestión. De este modo se estaría cumpliendo con la alternancia, una palabra que casi está en desuso para un sector como el Congreso de la República, en donde son básicamente los mismos actores, con diferentes nomenclaturas, los que intercambiar escaños cada 5 años.
Si nos vamos al ámbito universitario, ¿qué estudiante puede acaso negar el hecho concreto de que el cargo de Rector es casi un puesto otorgado “a perpetuidad”?.
Es fácil hablar de democracia cuando de utilizar al ciudadano y conseguir el poder se trata, pero qué difícil es respetar el concepto pleno de dicho término.
Hoy, nuevamente, nos encontramos frente a un año 2006 que nos trae consigo la elección de un nuevo Presidente, un “nuevo” Congreso y “nuevos” representantes de los gobiernos regionales y locales. La pregunta que nos asalta es la siguiente: ¿Hay de dónde elegir?, ¿Hay propuestas nuevas?, ¿Se está renovando la política o se reproduce la misma pero con rostro nuevo?, ¿Hemos conocido alguna vez algún gobierno realmente democrático?, ¿Debemos persistir en la búsqueda de un Mesías, un verdadero Pachacutec?, ¿Hemos aprendido de nuestros errores?.
Son muchos los abismos y vacíos que se nos presentan cuando tratamos de entender el concepto real de Democracia, pero mientras no podamos cambiar realidades tales como que una campaña electoral (al Congreso) no cuesta menos de 50 mil dólares promedio, mientras las elecciones signifiquen la obligatoriedad de asistir a votar por alguien del cual no conocemos ni la propuesta ni su equipo de gobierno, en tanto la decisión de votar por uno o por otro obedezca a criterios externos (cara, edad, profesión, raza, sexo, sonrisa, etc) y no a conocimiento real y verdadero de un Plan, en tanto las campañas sean financiadas por grupos de poder económico que terminan por apoderarse de la postura del candidato y, mientras que la participación en la construcción de esa democracia, por parte de los 28 millones de peruanos, sólo se de cada 5 años por medio de las urnas y luego exista indiferencia, no lograremos comprender lo que implica vivir, gozar y sentir un gobierno democrático de verdad.

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Dimitri N. Senmache Artola

Presidente de la CEDDH - Perú

dsenmache@democracia.org.pe